EH Bildu ha lanzado duras críticas contra la Unión del Pueblo Navarro (UPN) tras la elección de Cristina Ibarrola como candidata del partido a las próximas elecciones forales. Según la formación soberanista, el nombramiento de Ibarrola evidencia que UPN pretende “importar la política trumpista a Navarra sin importarle las consecuencias para la ciudadanía”.

“Mientras asistimos al auge de la ultraderecha a nivel internacional, con recortes en derechos y libertades para las mayorías sociales, vemos cómo UPN se parece cada vez más a esa ultraderecha. Cada día es más evidente que la representante del trumpismo en Navarra es Ibarrola”, señalaron desde EH Bildu.

La formación de izquierdas también cuestiona la capacidad de UPN para presentar un proyecto de futuro para Navarra. “La elección de Ibarrola demuestra la incapacidad del partido para atender las necesidades reales de la gente. Es una muestra clara de su insuficiencia y del nerviosismo por llevar tantos años sin gobernar, algo que aún no han asimilado”, añadieron.

EH Bildu destacó que estos 11 años sin presencia de UPN en el Gobierno han tenido un impacto positivo en la comunidad. “Los acuerdos alcanzados entre las fuerzas progresistas han servido para avanzar en derechos y libertades. EH Bildu ha sido fundamental para cerrar el paso a las derechas y es cada vez más determinante para lograr mayorías progresistas en Navarra”, afirmaron.

La formación soberanista dejó claro cuál será su estrategia en los próximos meses: “Nuestro compromiso es con la gente y es firme. Cuanta más incidencia tiene EH Bildu en las políticas públicas, más mejoran las condiciones de vida de la ciudadanía. Esa es la dirección que vamos a seguir: continuar trabajando para ampliar los derechos sociales que las derechas quieren negar”, concluyeron.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para exigir al Gobierno foral que publique, con carácter trimestral, el origen nacional de las personas detenidas. La formación ha presentado esta iniciativa con el objetivo de contribuir —junto al análisis de otros datos— a la caracterización de perfiles delictivos, la prevención de conductas criminales y la reducción de la delincuencia, “evitando en todo caso la estigmatización por origen”.

Según ha explicado el partido, la propuesta busca el encaje jurídico adecuado mediante la modificación del artículo 19 de la Ley Foral 12/2023 de lucha contra el racismo y la xenofobia, con el fin de dotar a la nueva normativa de las máximas garantías legales. En la exposición de motivos, los foralistas sostienen que hacer público el país de origen de las personas que delinquen con fines preventivos y de transparencia supone “un ejercicio propio de una sociedad adulta y madura”.

UPN ha remarcado además que la difusión de estos datos, acompañada de la debida contextualización, no debería generar estigmatización. A su juicio, la publicación de información oficial y rigurosa puede contribuir a evitar discursos sesgados, manipulaciones o bulos basados en estereotipos, y facilitar un debate social fundamentado en datos verificables. En ese sentido, la formación ha subrayado que “una información puesta en contexto y acompañada de medidas complementarias no tiene por qué señalar a nadie”.

La iniciativa se presenta en un contexto en el que la delincuencia figura entre las cuatro principales preocupaciones ciudadanas en Navarra, según una encuesta sobre confianza institucional y percepción de los servicios públicos difundida en diciembre de 2025. Asimismo, el partido ha recordado que otras comunidades ya han adoptado medidas similares, señalando que desde finales de 2025 se publican estos datos en la Comunidad Autónoma Vasca y que Cataluña prevé hacerlo a lo largo de 2026.

Por todo ello, UPN ha defendido que los ciudadanos navarros “también tienen derecho a conocer esa información” como una cuestión de transparencia en una sociedad democrática, abierta y plural. La formación ha concluido insistiendo en que el origen nacional es “un dato más a tener en cuenta al analizar la criminalidad, que no debe ocultarse, pero tampoco sacarse de contexto ni utilizarse para señalar a ninguna persona ni colectivo”.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha sido elegida este viernes candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra por el Consejo Político de la formación regionalista, con el 84,74% de los apoyos. En la votación interna también concurrían Juan Ángel García Roig (0,56%) y Diego Calderón Fernández (1,69%), mientras que el voto en blanco alcanzó el 12,99% y no se registraron votos nulos.

Tras su designación, Ibarrola aseguró que su partido “va a liderar el cambio político que Navarra necesita” y defendió que existe “una ola de cambio político en España” que, en su opinión, “también ha llegado a Navarra”. En su intervención criticó la gestión del Ejecutivo presidido por María Chivite y sostuvo que UPN representa “la única alternativa real capaz de cambiar el actual gobierno”.

La dirigente regionalista reivindicó además la autonomía política de su formación y subrayó que su objetivo es centrarse en cuestiones como vivienda, sanidad, educación, cuidados, seguridad, empleo o fiscalidad. Asimismo, se comprometió a trasladar “mensajes claros y soluciones concretas” para evitar —según afirmó— que el descontento social derive hacia opciones populistas, señalando que su propósito es “lograr que Navarra sea una isla” frente a esa tendencia.

Durante su discurso, Ibarrola defendió el papel de UPN como “partido de gobierno llamado a volver a gobernar” y aseguró que su formación plantea alternativas “factibles y responsables”. También expresó su voluntad de romper la actual mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo foral.

Líneas de actuación prioritarias

La candidata presentó varias prioridades programáticas de cara a una eventual etapa de gobierno. Entre ellas, destacó el refuerzo de mecanismos contra la corrupción y el endurecimiento del control en la contratación pública, incluyendo la paralización y revisión de expedientes ante objeciones en las mesas de contratación.

En materia de vivienda, apostó por incrementar la construcción y defendió una política de firmeza frente a la ocupación ilegal. Sobre sanidad, atribuyó su situación a problemas de gestión y planteó una reorganización orientada a resultados en salud y colaboración con los profesionales.

Ibarrola también propuso medidas en seguridad, como mayor coordinación policial, incremento de cámaras e iluminación en espacios públicos e inversiones tecnológicas para la prevención del delito. Asimismo, mencionó como objetivos generar oportunidades para los jóvenes, impulsar la libertad educativa, reforzar ayudas familiares, combatir la despoblación, reformar el sistema fiscal y revisar el modelo de renta garantizada.

El Tribunal Constitucional ha asestado este viernes un nuevo y doble varapalo jurídico al Parlamento de Navarra al anular, por unanimidad, dos normas forales por invadir competencias que la Constitución reserva en exclusiva al Estado. Las sentencias, hechas públicas en Madrid, afectan a dos ámbitos especialmente sensibles: la Seguridad Social y la contratación pública. 

En la primera de las resoluciones, el alto tribunal analiza la Ley Foral 5/2024, con la que Navarra modificó su normativa de protección civil para atribuir la categoría profesional de bombero a determinados puestos, en particular a los bomberos forestales, con el objetivo de que pudieran beneficiarse del coeficiente reductor de la edad de jubilación. El Tribunal Constitucional considera que, aunque la comunidad foral pueda regular la organización de sus servicios de emergencia, no puede decidir quién accede a un régimen especial de jubilación, ya que esa materia forma parte de la legislación básica de la Seguridad Social, atribuida al Estado por el artículo 149.1.17 de la Constitución. En su sentencia, los magistrados subrayan que solo el Estado puede incluir colectivos dentro de ese sistema, algo que de hecho ya se hizo posteriormente mediante un real decreto estatal, por lo que la ley navarra no podía anticiparse ni sustituir esa decisión. Por ese motivo, el Tribunal declara inconstitucional el inciso de la norma foral en todo lo que produce efectos en materia de Seguridad Social y deja sin valor jurídico interpretativo el preámbulo que justificaba la medida, aunque mantiene la categoría profesional a otros efectos laborales y administrativos.

La segunda sentencia se centra en la Ley Foral 35/2022, que reformó la normativa navarra de contratos públicos para ampliar el tipo de entidades que podían beneficiarse de las llamadas reservas de contratación, un mecanismo por el que determinados contratos solo pueden ser adjudicados a operadores concretos. El Tribunal recuerda que estas reservas son una excepción al principio de igualdad y libre concurrencia y que su regulación básica corresponde al Estado a través de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de obligado cumplimiento para Navarra según su régimen foral.

Al permitir que entidades no previstas en la normativa estatal accedieran a esas reservas, la ley navarra, según el Constitucional, vulneró la competencia estatal en materia de contratación pública, por lo que declara inconstitucionales los incisos que introducían esa ampliación. No obstante, y para evitar un efecto dominó sobre situaciones ya consolidadas, el Tribunal mantiene la validez de los contratos que hubieran sido adjudicados al amparo de la norma anulada.

Con estas dos decisiones, adoptadas por unanimidad, el Tribunal Constitucional vuelve a marcar con claridad los límites del autogobierno foral dentro del marco constitucional, recordando que ni en el ámbito de la Seguridad Social ni en el de la contratación pública cabe una regulación autonómica que desborde la legislación básica del Estado, por muy loables que sean los objetivos perseguidos por el legislador navarro.

La senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha registrado una solicitud para que Pere Navarro, director general de Tráfico, comparezca ante la Comisión de Interior del Senado. El objetivo es que informe sobre las medidas adoptadas para reducir los tiempos de espera en los exámenes de obtención del permiso de conducir en Navarra. Barkos destaca que la situación actual representa un problema estructural y de colapso sistémico, afectando principalmente a jóvenes, trabajadores y al sector de autoescuelas.

Medidas urgentes para resolver el colapso sistémico

Barkos denuncia que los tiempos de espera se extienden durante meses, lo que impacta directamente en la ciudadanía. La senadora subraya que es esencial la implicación del Gobierno central para asegurar un seguimiento efectivo y una respuesta rápida a esta problemática. La situación afecta al acceso al empleo y a la movilidad de los navarros, por lo que se requiere una solución inmediata y eficaz.

El Parlamento de Navarra, la semana pasada, aprobó una enmienda de Geroa Bai. Esta enmienda insta al Gobierno de Navarra a crear una comisión de seguimiento permanente para evaluar las listas de espera. La comisión trabajará en coordinación con la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (APANA) y el Gobierno del Estado, con el fin de evaluar el impacto de las medidas adoptadas y proponer nuevas actuaciones

Coordinación con la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra

La creación de esta comisión busca dar una respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos navarros. La colaboración entre las autoescuelas y el Gobierno es crucial para encontrar soluciones efectivas. Barkos insiste en la importancia de esta coordinación para resolver el problema de los tiempos de espera en los exámenes de conducir, que se ha convertido en un obstáculo significativo para muchos.

El problema de los largos tiempos de espera no solo afecta a los aspirantes a conductores, sino también a las autoescuelas que ven cómo su actividad se ve ralentizada. La falta de examinadores suficientes y la demanda creciente han llevado a esta situación de colapso. La senadora de Geroa Bai considera que es fundamental que el Gobierno central intervenga para aliviar esta presión y asegurar un sistema más eficiente.

Impacto en el acceso al empleo y la movilidad

El acceso al empleo y la movilidad de los ciudadanos navarros se ven comprometidos por esta situación. Obtener el permiso de conducir es esencial para muchas personas que dependen de ello para trabajar o desplazarse. La demora en los exámenes no solo genera frustración, sino que limita las oportunidades laborales y personales de los afectados.

La comparecencia de Pere Navarro ante el Senado será una oportunidad para que se presenten soluciones concretas y se asuman compromisos por parte de la Dirección General de Tráfico. Barkos espera que este paso sea el inicio de un cambio que permita resolver el problema estructural y mejorar la situación para todos los implicados.

Según ha explicado, la iniciativa ha salido adelante con el voto favorable de AFAPNA, CCOO y UGT, lo que, a juicio del Ejecutivo foral, legitima al Gobierno para iniciar la tramitación de una norma que regulará los derechos y deberes del personal de la Administración.

Jurío ha subrayado que se trata de un avance relevante, ya que ahora se abre un proceso “largo” hasta la llegada del texto al Parlamento de Navarra. En este sentido, ha defendido que el nuevo estatuto supondrá “un paso adelante muy importante” en el reconocimiento de los derechos del funcionariado.

Entre las novedades, la consejera ha destacado la incorporación de la carrera profesional, entendida como el reconocimiento de la trayectoria dentro de la Función Pública navarra.

Asimismo, ha insistido en que el respaldo sindical permite al Gobierno iniciar una tramitación que, según ha indicado, servirá para mejorar las condiciones laborales del personal funcionario y reforzar los derechos del colectivo. El objetivo, ha añadido, es contar con una administración “que responda a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI” y que contribuya a una gestión más eficaz de los servicios públicos.

El Gobierno de Navarra ha dado un paso significativo este jueves al aprobar, con el respaldo de la mayoría sindical, la propuesta del nuevo Estatuto de Personal. Esta normativa, que recibió votos favorables de Afapna, CC OO y UGT en la Mesa General, busca actualizar la legislación vigente desde 1993. El objetivo es diseñar una Administración más eficiente y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Con el visto bueno de la Mesa General, la propuesta ahora se encamina hacia su tramitación administrativa antes de ser enviada al Parlamento de Navarra.

Novedades del Estatuto: carrera profesional y mejoras laborales

La propuesta de Estatuto combina la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos con la prestación eficiente de servicios. Entre sus innovaciones, destaca la implantación de la carrera profesional. Este sistema reconoce el derecho a la progresión en la carrera horizontal y al desarrollo profesional en cinco tramos. La publicación de la ley permitirá la percepción de una cantidad fija mensual en 14 pagas anuales, derivada del encuadramiento inicial en el correspondiente tramo de carrera profesional. Esta implementación será progresiva, comenzando con una retribución del 20% en 2027 y alcanzando el 100% en 2032.

Además, se introduce un complemento por la evaluación del desempeño, añadido al complemento fijo de carrera profesional como productividad. Se actualizan los niveles y se mejoran las licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario, así como los permisos parentales y aquellos para familias monoparentales. Estas medidas buscan ofrecer un entorno laboral más flexible y acorde a las necesidades actuales de los trabajadores.

Facilitación de la movilidad y promoción profesional

El nuevo Estatuto también regula situaciones administrativas que facilitan la movilidad interadministrativa y mejora la promoción profesional, tanto de manera temporal como definitiva. Estas medidas están enmarcadas en un Estatuto que ofrece cobertura suficiente para futuros desarrollos reglamentarios. La intención es que el personal pueda moverse con mayor facilidad entre diferentes administraciones y avanzar en su carrera profesional de manera más efectiva.

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Navarra ha mostrado su interés en desarrollar un nuevo Estatuto de Personal. Este proyecto es ambicioso tanto por su complejidad como por la diversidad de aspectos que aborda. La normativa, que data de 1993, requiere una actualización para adaptarse a las nuevas realidades laborales y administrativas. El proceso de elaboración del documento ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con los sindicatos.

Tramitación administrativa y debate parlamentario

El Estatuto ahora enfrenta un proceso administrativo largo y complejo para su tramitación, que implica más de una veintena de trámites. La agilidad de este proceso dependerá del alcance, extensión y relevancia del proyecto propuesto. Una vez completados estos trámites, el Gobierno de Navarra enviará la norma al Parlamento después de verano para su debate. Este paso es crucial para que el Estatuto pueda convertirse en una realidad legislativa que beneficie a los empleados públicos y a la Administración en general.

El nuevo Estatuto de Personal del Gobierno de Navarra representa un esfuerzo significativo por modernizar la normativa vigente y adaptarla a las necesidades del siglo XXI. Con el respaldo de la mayoría sindical y un proceso de tramitación en marcha, la propuesta avanza hacia su debate en el Parlamento. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y la eficiencia de la Administración, promoviendo un entorno de trabajo más moderno y adaptado a las demandas actuales.

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana avanza en la consolidación de un modelo de colaboración público-privada en el ámbito cultural del Estado español. El objetivo es fortalecer el sistema cultural navarro mediante el mecenazgo, mejorando los incentivos fiscales y alineándolos con el Plan Estratégico de la Cultura de Navarra 2024-2028. Este enfoque busca diversificar las fuentes de financiación, implicar a la ciudadanía y al tejido empresarial, y reforzar la cohesión social y la proyección exterior de la cultura navarra.

MECNA: proyectos culturales de interés social

La Dirección General de Cultura ha declarado de interés social 29 proyectos culturales presentados en octubre de 2025. Estos proyectos, acogidos a la Ley Foral Reguladora de Mecenazgo Cultural, pueden recibir aportaciones de mecenas con incentivos fiscales. El Consejo Navarro de la Cultura y las Artes evaluó las iniciativas según su relevancia social, contribución al patrimonio cultural, fomento de la creación artística, diversidad lingüística e impacto territorial.

Los beneficiarios de estos proyectos podrán utilizar el Sello MECNA en sus comunicaciones, lo que refuerza su visibilidad y credibilidad. Toda la información sobre el programa MECNA y los proyectos declarados de interés social está disponible en el portal culturanavarra.es. En 2026, se abrirá una nueva ventana para presentar proyectos MECNA, asegurando la continuidad del programa y su impacto positivo en el sector cultural.

Incentivos fiscales al mecenazgo cultural

Las aportaciones a proyectos culturales se benefician de atractivos incentivos fiscales: deducción del 80% en los primeros 150 euros donados por personas físicas y del 40% en el resto; para empresas, deducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y del 30% en los primeros 300 euros aportados. Este modelo ha situado a Navarra como pionera en políticas de mecenazgo cultural, promoviendo la implicación del sector privado en proyectos con impacto social y distribución territorial equilibrada.

Actividades prioritarias de mecenazgo cultural en 2026

Para 2026, se establece el carácter prioritario de ciertas actividades y proyectos de mecenazgo cultural, elevando en cinco puntos porcentuales los porcentajes y límites de las deducciones. Esta medida busca incentivar aún más la participación de mecenas en proyectos culturales, fortaleciendo el sector y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

Audiovisual: claridad normativa y refuerzo de incentivos fiscales

En el sector audiovisual, el Gobierno de Navarra ha mejorado la normativa fiscal, clarificando conceptos y ampliando los plazos para la entrega de copias de obras audiovisuales. Se ha incrementado la intensidad de los incentivos, especialmente para películas de animación, eliminando límites en la base de deducción y aumentando el tope del coste de producción. Estas medidas posicionan a Navarra como un territorio atractivo para la producción audiovisual, con un marco normativo y fiscal claro y previsible.

Las mejoras introducidas en 2025 optimizan la planificación económica de los proyectos, facilitan las coproducciones y mejoran la capacidad de Navarra para atraer producciones de mayor escala, especialmente en la animación. Todo esto se enmarca en el Plan Estratégico de la Cultura de Navarra, que considera el sector audiovisual como clave para el desarrollo cultural y económico de la Comunidad Foral.

El Gobierno de Navarra, liderado por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha reafirmado su compromiso de aumentar gradualmente el porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a políticas de cooperación. En la reciente reunión del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo (CNCD), se destacó el objetivo de alcanzar un 0,7% para 2030, pasando por un 0,45% en 2026.

En la reunión, presidida por Maeztu, se presentaron las conclusiones del III Plan Director de la Cooperación Navarra, que abarca el periodo 2021-2024. Este plan se centra en tres ejes estratégicos: Desarrollo y Acción Humanitaria, Educación para el Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. Estos ejes buscan fortalecer la cooperación en países socios, fomentar la educación sobre desarrollo y mejorar la colaboración entre diferentes agentes.

Logros y desafíos en la cooperación internacional

Uno de los logros destacados en el primer eje ha sido el avance en Desarrollo y Acción Humanitaria. Se ha trabajado en la especialización geográfica y sectorial, contribuyendo al desarrollo humano sostenible en países socios. El ámbito educativo también ha avanzado, promoviendo conocimientos y valores entre el alumnado, aunque se reconoce la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía en general.

Maeztu subrayó el compromiso del Gobierno de Navarra con la cooperación internacional y el multilateralismo. En un contexto donde países como Estados Unidos, Alemania, el Estado francés y Reino Unido han reducido sus ayudas, Maeztu enfatizó la importancia de seguir trabajando juntos para enfrentar desafíos globales, incluidos los conflictos bélicos y el cambio climático.

El III Plan Director de Cooperación de Navarra ha concentrado sus intervenciones en áreas prioritarias. Se ha logrado distribuir el 80% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 13 países y dos pueblos priorizados, con un 25% destinado a Países Menos Adelantados. La distribución geográfica sigue enfocándose en África y América, a pesar de los cambios en el peso de la AOD en estas regiones.

Preparativos para el IV Plan Director de Cooperación

El próximo paso del Gobierno de Navarra es la elaboración del IV Plan Director de Cooperación, cuyo primer borrador se presentará en el primer cuatrimestre de 2026. En el último año, se ha participado en la Conferencia Sectorial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, formando grupos de trabajo para mejorar la financiación y gestión de proyectos.

Además, se ha realizado un viaje de seguimiento a Guatemala y se ha trabajado en la cooperación con El Salvador. El Departamento de Derechos Sociales también ha participado en la presentación de la Estrategia de Cooperación Feminista del Ministerio de Asuntos Exteriores, que aborda la igualdad de género y la transformación de estructuras de poder.

El Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, compuesto por 31 miembros, desempeña un papel crucial en la asesoría y asistencia a las administraciones públicas en materia de cooperación. Su función incluye informar sobre anteproyectos de ley y planes del Gobierno, así como evaluar las actuaciones realizadas en este ámbito.

El Consejo también propone iniciativas de sensibilización y educación para el desarrollo, fomentando la colaboración entre administraciones y agentes sociales en la Comunidad Foral de Navarra. La reunión del Consejo, celebrada en el Palacio de Navarra, contó con la presencia de Carmen Maeztu y Miriam Martón, directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo.

Desde que se declararon 21 municipios navarros como Zona de Mercado Residencial Tensionado, el precio del alquiler ha experimentado una caída del 8,6%. Esta medida, que entró en vigor a mediados del año pasado, ha mantenido estable la oferta de alquileres, con 4.202 contratos formalizados en 2025, en comparación con los 4.176 del año anterior.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha destacado este jueves la evolución positiva de los precios del alquiler desde la implementación de la regulación. en el cuarto trimestre de 2025.

La oferta de alquiler se mantiene estable pese a la regulación

A pesar de la regulación, la oferta de alquiler no se ha desplomado, como algunos sectores privados del mercado inmobiliario habían anticipado. En 2025, se registraron 29 contratos más que en 2024, lo que demuestra que la oferta se mantiene estable. Alfaro subrayó que el 88,5% de los contratos se realizaron en municipios declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado.

Este dato se basa en el único registro público de alquiler en la comunidad, que es obligatorio para todos los contratos. La vicepresidenta aseguró que no se trata de encuestas de portales inmobiliarios, sino de datos oficiales. Además, se observó un incremento en los contratos de temporada, que pasaron del 5% al 11% en 2025, lo que sugiere intentos de eludir la regulación mediante contratos ficticios de temporada.

El Gobierno de Navarra lanza un servicio de mediación para combatir el fraude

Ante esta situación, Alfaro animó a los inquilinos afectados por contratos ficticios a acudir al futuro Servicio de Mediación y Asesoramiento del Gobierno de Navarra, que estará operativo desde la próxima semana. Este servicio busca combatir el fraude y proteger a los inquilinos frente a prácticas abusivas en el mercado de alquiler.

La regulación del mercado de alquiler en Navarra ha generado controversia, especialmente entre los intereses privados del sector inmobiliario. Sin embargo, Alfaro defendió que la medida está funcionando y destacó la importancia de utilizar todas las herramientas disponibles para abordar el problema de la vivienda. La regulación de precios es solo una de las medidas implementadas para mejorar el acceso a la vivienda en la región.

El descenso del precio del alquiler en los municipios navarros declarados Zona de Mercado Residencial Tensionado es un indicador de que la regulación está teniendo un impacto positivo en el mercado. Aunque algunos actores del sector inmobiliario han expresado su oposición, los datos oficiales respaldan la efectividad de la medida. La estabilidad en la oferta de alquiler y el aumento en los contratos formalizados son señales de que la regulación está logrando sus objetivos.

En conclusión, la declaración de 21 municipios navarros como Zona de Mercado Residencial Tensionado ha resultado en una disminución del precio del alquiler y una estabilidad en la oferta. El Gobierno de Navarra continúa implementando medidas para proteger a los inquilinos y mejorar el acceso a la vivienda, a pesar de los desafíos planteados por el sector privado.

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) presentó ayer el estudio “Informar para incluir: los derechos del alumnado con discapacidad y sus familias”, una investigación que pone de manifiesto el amplio desconocimiento de los derechos educativos por parte del alumnado con discapacidad y sus familias, así como las carencias informativas existentes y la necesidad de reforzar los apoyos para avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo en Navarra.

La jornada, celebrada en el salón de actos de la ONCE en Pamplona, reunió a familias, entidades sociales, profesionales del ámbito educativo y representantes institucionales. El acto fue inaugurado por la presidenta de CERMIN, Mariluz Sanz, quien subrayó que la educación inclusiva “no es una opción, sino un derecho humano fundamental”, coincidiendo además con el 20 aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante su intervención, Sanz explicó que el estudio surge de la preocupación compartida del movimiento asociativo ante el “desconocimiento generalizado, la confusión y la inseguridad” que muchas familias expresan respecto a los derechos educativos de sus hijos e hijas.

La apertura institucional corrió a cargo de Irati Goikoetxea, directora del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, quien destacó la importancia de contar con una información clara y accesible para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Goikoetxea alertó, además, sobre la persistencia de situaciones de rechazo, discriminación y acoso hacia el alumnado con discapacidad, y apeló a una reflexión y autocrítica colectiva en la defensa de los derechos humanos.

A continuación, la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra, Leyre Elizari, contextualizó el marco jurídico de la educación inclusiva, recordando que no se trata de una opción ni de una carga administrativa, sino del cumplimiento de un derecho fundamental. Elizari señaló que el derecho a la educación, recogido en la Constitución y desarrollado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obliga a garantizar un sistema educativo inclusivo, sin discriminación y basado en la igualdad de oportunidades, adaptado a las necesidades del alumnado para favorecer su pleno desarrollo personal. Asimismo, remarcó que el derecho de las familias a recibir información no puede considerarse una cuestión secundaria.

La presentación de los resultados del estudio fue realizada por Mónica Iñigo, técnica de CERMIN, quien expuso las principales conclusiones de la investigación. Entre ellas, destacan la falta de información clara y accesible para familias y alumnado con discapacidad, que dificulta el ejercicio efectivo de sus derechos; la insuficiencia de recursos técnicos y humanos, que limita la creación de mecanismos estables y de calidad de coordinación con las familias; el estigma que muchas de ellas perciben por parte de la comunidad educativa, y la persistencia de situaciones de discriminación o acoso hacia el alumnado con discapacidad.

El acto incluyó también un espacio de diálogo con la participación de expertas del ámbito jurídico y educativo, y fue clausurado por el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, quien insistió en la necesidad de “cambiar la mirada” y apostar decididamente por la equidad y la inclusión como una cuestión de justicia social. Vera recordó que las administraciones públicas tienen la obligación de prevenir cualquier forma de exclusión en el ámbito educativo y de garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas.

Desde CERMIN se ha subrayado que este estudio pretende servir como herramienta para el debate y la acción, así como punto de partida para reforzar el trabajo conjunto entre administraciones, comunidad educativa, entidades sociales y familias, con el objetivo de avanzar hacia un sistema educativo que reconozca la diversidad como un valor y no como un obstáculo.

El estudio ha sido financiado por la Dirección General de Memoria y Convivencia del Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra.

CERMIN es el agente social articulador y vertebrador de la discapacidad en Navarra. Actualmente está constituido por 12 asociaciones y 3 federaciones del sector, que agrupan a un total de 57 entidades sociales sin ánimo de lucro. Entre sus objetivos destacan la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, la sensibilización social en favor de la inclusión y la lucha contra la discriminación, así como la representación del movimiento asociativo de la discapacidad en Navarra.

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado un Acuerdo por el que rechaza la denominada Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que es contraria al derecho internacional y que pretende socavar el orden internacional vigente. El texto ha salido adelante a iniciativa de los grupos parlamentarios PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

El acuerdo ha contado con los votos favorables del presidente de la Cámara, Unai Hualde, la vicepresidenta primera, Maite Esporrín, y el secretario segundo, Adolfo Araiz. Por su parte, el vicepresidente segundo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, y la secretaria segunda, Yolanda Ibáñez, se han abstenido.

El contenido de este Acuerdo ya había sido rechazado previamente como Declaración Institucional, presentada por los mismos grupos, tras los votos en contra de PPN y Grupo Mixto, y la abstención de UPN.

En el texto aprobado, la Mesa del Parlamento de Navarra manifiesta, en primer lugar, su rechazo a la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, al entender que no cumple con los estándares del derecho internacional y que responde a una estrategia que busca «dinamitar el orden internacional» desde una posición imperialista.

Asimismo, la Cámara foral expresa su compromiso con la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria, la solidaridad, la sensibilización y la educación para la transformación social, en apoyo al pueblo palestino. En esta línea, el Acuerdo recoge también el respaldo al pueblo palestino y a su derecho a vivir en paz en un Estado soberano, reconociendo y poniendo en valor la labor de iniciativas ciudadanas como Gernika-Palestina, Yala Nafarroa o Salam Gaza, por su contribución a la sensibilización social y a la construcción de una solidaridad activa.

Por último, la Mesa del Parlamento de Navarra insta a las instituciones internacionales a trabajar por la desescalada de las tensiones y la preservación de la paz global, apostando por las vías diplomáticas y el papel de la ONU como marco para la resolución de conflictos.

La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, ha destacado que el 70% de los compromisos adquiridos por su Gobierno en 2023 ya ha alcanzado un alto grado de cumplimiento. Esta afirmación se realizó durante el VI encuentro de Dirección General del Gobierno de Navarra, donde participaron directores generales y consejeros del Ejecutivo foral.

El director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, Txerra García de Eulate, presentó los resultados de la gestión del Ejecutivo foral durante 2025. La Oficina de Análisis y Prospectiva del Gobierno de Navarra ha creado una sección en su página web para que la ciudadanía pueda visualizar el estado de cumplimiento de cada compromiso a través de paneles interactivos y gráficos de evolución. Con este balance, el Gobierno reafirma su compromiso con una gestión pública abierta y responsable.

Compromisos cumplidos y retos inmediatos

Chivite mencionó compromisos cumplidos desde agosto de 2023, como la creación de ocho centros educativos y dos nuevos centros de salud. También destacó la apertura de 25 centros de día para personas mayores. Respecto a los objetivos inmediatos, Chivite reafirmó el compromiso con la transformación industrial, anunciando que el Gobierno trabaja en nuevos proyectos industriales para posicionar a Navarra en sectores estratégicos clave. La legislación también es vista como un instrumento importante para el cambio, con modificaciones en la normativa de la Renta Garantizada y nuevas leyes de Comercio e Industria, Universidades, Salud y Víctimas del Terrorismo.

Balance de resultados de 2025

El balance del periodo enero-diciembre de 2025, presentado por García de Eulate, indica que casi el 70% del Acuerdo Programático suscrito por PSN-PSOE, Geroa Bai y Contigo-Zurekin ya está en un alto grado de ejecución. El informe detalla el cumplimiento de 347 compromisos en 13 áreas temáticas, mostrando un avance notable respecto al balance anterior. A finales de 2025, 47 compromisos ya han sido completados, casi triplicando el porcentaje del primer ejercicio. Además, una cuarta parte de los compromisos están en fases avanzadas de ejecución.

El área social, bajo el concepto ‘La Navarra social y del bienestar’, concentra el mayor número de iniciativas con progresos en servicios sociales, vivienda, atención a la dependencia y rehabilitación energética. En el área de ‘Empleo y progreso económico’, 15 compromisos ya se han ejecutado, consolidando políticas de desarrollo territorial, turismo sostenible y mejora de la calidad del empleo.

En ‘Conocimiento, educación e igualdad de oportunidades’, se han finalizado tres compromisos, con avances en educación infantil, becas y programas de apoyo al alumnado. En ‘Igualdad, inclusión y diversidad’, se registra un progreso significativo en prevención de la violencia y desarrollo de programas educativos.

La presidenta Chivite también aludió al contexto nacional e internacional, reflexionando sobre el papel de Navarra en un mundo convulso. Según Chivite, la solución es estar preparados para el cambio, avanzando en políticas de transformación industrial, digitalización y prosperidad. Subrayó la importancia de escuchar a la sociedad navarra y defender valores progresistas, aspirando a una Navarra mejor que también contribuya a un mundo mejor.

El Parlamento de Navarra acogerá este miércoles, 28 de enero, a las 12.30 horas, el séptimo acto público de entrega de Declaraciones de Reparación Moral y Reconocimiento Personal a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En esta ocasión se harán entrega de 33 nuevos certificados, en un acto organizado por la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36) en el atrio de la Cámara foral.

La iniciativa se enmarca en el artículo 6 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que reconoce el derecho de las personas represaliadas —y de sus familiares— a obtener una declaración oficial del Estado en reparación por las persecuciones, condenas, sanciones o violencias sufridas por motivos políticos, ideológicos, religiosos, culturales o de orientación sexual durante el periodo comprendido entre la Guerra Civil y la dictadura.

Estas declaraciones tienen carácter simbólico, pero suponen un reconocimiento institucional de las injusticias padecidas por miles de personas que fueron encarceladas, deportadas, sometidas a trabajos forzosos, internadas en campos de concentración o despojadas de sus bienes, así como de aquellas que perdieron la vida a causa de la represión.

En el caso de las entregadas en Navarra, AFFNA-36 ha acompañado a las familias en la localización de documentación, la tramitación administrativa y la solicitud de los certificados, apostando además por darles visibilidad mediante actos públicos de carácter institucional.

El acto de este miércoles contará con la participación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; y la presidenta de AFFNA-36, Amaia Lerga. También intervendrá Iñaki Beaumont en representación de las personas solicitantes.

Con esta séptima entrega, Navarra alcanza ya las 275 declaraciones otorgadas públicamente desde el inicio de estos actos, aunque se desconoce el número total de certificados tramitados de forma privada por familiares de víctimas navarras. Desde AFFNA-36 subrayan que estos reconocimientos no cierran heridas, pero sí suponen “un paso imprescindible para dignificar a quienes sufrieron la represión y para construir una memoria democrática basada en la verdad, la justicia y la reparación”.

La directora del Observatorio de Derechos Lingüísticos, Behatokia, Agurne Gaubeka, ha comparecido este viernes en la Ponencia para la actualización de la LORAFNA del Parlamento de Navarra con un mensaje claro: el Amejoramiento del Fuero debe reconocer la oficialidad del euskara en todo el territorio navarro para garantizar la igualdad de derechos de la ciudadanía.

Durante su intervención, Gaubeka ha defendido la necesidad de actualizar el actual marco jurídico, al considerar que no responde a la realidad social del siglo XXI ni protege adecuadamente los derechos lingüísticos. Según ha explicado, las vivencias, quejas y situaciones documentadas por Behatokia a lo largo de los últimos 25 años evidencian que la normativa vigente es insuficiente y genera desigualdad entre la población navarra.

El Observatorio ha centrado sus críticas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que limita la oficialidad del euskara a determinadas zonas. A juicio de Behatokia, esta restricción tiene consecuencias directas en el reconocimiento y ejercicio de los derechos lingüísticos, al vincularlos al lugar de residencia.

Gaubeka ha subrayado que, a diferencia de otras comunidades con lenguas minorizadas —como la Comunidad Autónoma Vasca, Galicia, Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana—, Navarra se caracteriza por la fragmentación territorial en materia lingüística. Además, ha señalado que el Amejoramiento del Fuero ni siquiera reconoce el euskara como lengua propia de Navarra, una carencia que, en su opinión, no queda compensada por la mención incluida en la Ley del Euskara. Por ello, ha reclamado al Parlamento que otorgue al euskara un reconocimiento transversal y de máximo rango normativo.

En su comparecencia, Behatokia también ha denunciado la aplicación deficiente de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Ha recordado que el comité de expertos del Consejo de Europa ha recomendado reiteradamente extender la parte III de la Carta a la zona mixta y actuar conforme a su espíritu también en las zonas no vascófonas, eliminando de forma progresiva las limitaciones actuales.

Según Gaubeka, el sistema de zonificación —desarrollado al amparo del artículo 9— constituye uno de los principales obstáculos para una política lingüística eficaz. Como ejemplos, ha citado las dificultades derivadas del Decreto del Euskara y las limitaciones competenciales de las administraciones locales para proteger los derechos lingüísticos. Además, ha denunciado que ni siquiera se cumple adecuadamente la normativa vigente, como la Ley Foral 18/1986 o el Decreto 103/2017, incluso en las zonas donde el euskara es oficial.

Para ilustrar las consecuencias cotidianas de la zonificación, Behatokia ha expuesto el caso de una persona que, pese a residir en una zona vascófona, no pudo recibir atención en euskara debido a que los servicios centrales o de emergencia procedían de zonas mixtas o no vascófonas. Una situación que, según el Observatorio, se repite con frecuencia.

Entre las consecuencias señaladas destacan la ausencia del euskara en la señalización y la información pública, la limitación en la elección de lengua en la relación con la administración, la imposibilidad de realizar numerosos trámites en euskara o la recepción de respuestas exclusivamente en castellano, incluso en zonas vascófonas. Estos problemas se agravan en el ámbito digital: alrededor del 60% de los trámites ciudadanos y el 97% de los trámites administrativos no pueden realizarse en euskara.

Behatokia ha advertido de que estas carencias vulneran el principio de igualdad y el derecho a una buena administración recogido en la Ley Foral 11/2019. Asimismo, ha subrayado, apoyándose en evidencias científicas, la importancia de la lengua en ámbitos como la salud, la atención sociosanitaria, la seguridad y la integridad de las personas. También ha denunciado limitaciones en el sector privado, donde muchas empresas se amparan en la falta de oficialidad del euskara para no ofrecer bienes y servicios básicos en esta lengua.

En su intervención final, Gaubeka ha insistido en que el número de hablantes no puede condicionar la garantía de los derechos lingüísticos y que la oficialidad no debe depender del uso social. A su juicio, las decisiones actuales hipotecan también los derechos de las generaciones futuras. Por todo ello, Behatokia ha solicitado al Parlamento de Navarra que el nuevo Amejoramiento del Fuero reconozca el euskara como lengua propia y extienda su oficialidad a todo el territorio navarro.

El Parlamento de Navarra ha celebrado este lunes el acto institucional de lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos, una cita impulsada por diversas entidades y organizaciones sociales y que ha estado presidida por Unai Hualde, presidente de la Cámara foral. En su intervención inaugural, Hualde ha subrayado la importancia del trabajo conjunto entre instituciones, universidades y tejido asociativo para seguir avanzando en la garantía de derechos para la ciudadanía, aunque ha advertido de que “queda mucho por avanzar”.

El presidente del Legislativo ha recordado que la Declaración Universal de 1948 supuso “un hito histórico” que inspiró más de 70 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, ha lamentado que, pese a su reconocimiento global, “se convierte en papel mojado cuando vemos un genocidio, guerras, golpes de Estado, racismo, xenofobia, homofobia y tantas vulneraciones que nos obligan a poner en valor su defensa”.

Hualde ha expresado su inquietud ante un contexto en el que valores fundamentales como la ética y el respeto institucional “parecen languidecer”. Por ello, ha reivindicado el papel de este acto como un espacio para visibilizar la necesidad de proteger los derechos humanos y para recordar que “demandamos todos los derechos para todas las personas”. El presidente ha agradecido además la labor de las organizaciones participantes por “seguir perseverando” y ha sostenido que “nada ni nadie justifica la vulneración” de los derechos recogidos en la Declaración Universal, los Pactos Internacionales de la ONU, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Constitución española.

Tras sus palabras, Octavio Romano, en representación de la Plataforma de Entidades Sociales, ha dado lectura al manifiesto conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos. En su mensaje, ha subrayado la vigencia de la Declaración de 1948, recordando que, más de siete décadas después, gran parte de la población mundial sigue sin tener garantizados sus derechos. Romano ha descrito un panorama global marcado por conflictos armados, prácticas autoritarias, discriminación y una creciente erosión del derecho internacional humanitario.

El representante de la PES ha alertado también sobre los riesgos asociados a la tecnología, especialmente en materia de vigilancia y desinformación, y ha señalado que las múltiples crisis actuales —económicas, sociales, ambientales y políticas— golpean con mayor fuerza a colectivos especialmente vulnerables: personas en situación de pobreza, mujeres y niñas, población racializada, personas con discapacidad, el colectivo LGTBIQ+ y otros grupos históricamente discriminados.

Romano ha puesto el acento en la situación de los más de 50 conflictos bélicos activos en el mundo, citando entre ellos Palestina, Ucrania y Sudán, y ha denunciado que representan “una vulneración sistemática de los derechos humanos”. Asimismo, ha advertido sobre gobiernos que, aun bajo apariencia democrática, promueven dinámicas autoritarias basadas en la desinformación y el debilitamiento de los mecanismos institucionales.

El manifiesto culmina con un llamamiento a los poderes públicos y a las organizaciones internacionales para que actúen “sin ambigüedades” ante las vulneraciones de derechos, defendiendo la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas. “Reivindicamos un año más que todos los derechos son para todas las personas”, ha remarcado Romano, destacando el simbolismo de realizar este llamamiento desde el Parlamento de Navarra, “donde se aprueban las leyes que deben garantizar” dichos derechos.

En el acto han participado y colaborado en la lectura crítica de los 30 artículos de la Declaración Universal numerosas organizaciones sociales, entre ellas Alboan, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Sare, Cáritas Navarra, la Coordinadora de ONGD, Lunes Lilas, Gaz Kaló, París 365, REAS y la Red de Lucha contra la Pobreza, entre otras. La coordinación y conducción de la lectura ha corrido a cargo de Gara González y Amaia Méndez, representantes de esta última red.

La ceremonia ha contado con la asistencia de la Mesa del Parlamento, parlamentarios y parlamentarias de todas las formaciones, así como de representantes del Gobierno de Navarra, entre ellos las vicepresidentas Ana Ollo y Begoña Alfaro, y el Defensor del Pueblo, Patxi Vera. El encuentro ha reafirmado el compromiso institucional y social con los derechos humanos en un contexto global donde, tal y como se ha insistido, “la defensa de la dignidad humana es más necesaria que nunca”.

Un 68% de la ciudadanía navarra se declara preocupada (muy o bastante) por la crispación política que se vive en la Comunidad Foral, mientras que el 65% considera que existe mucha o bastante polarización, según los primeros resultados de la ‘Encuesta sobre la confianza ciudadana en las instituciones y su percepción en la prestación de servicios públicos en Navarra’.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, presentó el estudio, destacando que Navarra "no escapa de los vientos globales" y está viendo emerger elementos "nocivos" como la polarización, la desinformación o el negacionismo (igualitario, democrático y climático). Taberna instó al Gobierno y a la ciudadanía a la reflexión sobre estos desafíos.

Confianza y calidad democrática

La encuesta, promovida por la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP) y la Dirección General de Presidencia, analizó la legitimidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones y servicios públicos.

En materia democrática, el 87% de los navarros prefiere la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. No obstante, el 10% de los encuestados no comparte esta posición.

Los tres principales problemas identificados por la sociedad navarra son la sanidad, la vivienda y el paro. Además, ganan peso la seguridad ciudadana y los problemas políticos en general. El Gobierno de Navarra, según Taberna, "ha tomado nota" y está aplicando ya medidas de choque.

En cuanto a la confianza en las instituciones, se reafirma un mayor apoyo a aquellas más cercanas, como la Policía Foral (6,4), los Ayuntamientos (6,2) y el Gobierno de Navarra (5,9). Por el contrario, las instituciones con menor grado de confianza son el Parlamento Español (4,6), la Monarquía (3,7) y los partidos políticos (3,5).

Los problemas de confianza en la relación con los servicios públicos se concentran en sanidad (38,8%) y vivienda (36,4%).

Desinformación e Igualdad

El estudio revela un alto nivel de concienciación sobre la desinformación. El 90% de los navarros está de acuerdo en que las noticias que distorsionan la realidad son un problema para la democracia. Un 85% considera que la información falsa es un problema en Navarra, y el 86% afirma encontrar este tipo de contenido a menudo. Pese a ello, el 67% considera que le resulta fácil identificarlo.

La encuesta también muestra un fuerte consenso social sobre la igualdad. El 93% de la ciudadanía se manifiesta a favor de lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Asimismo, el 88% defiende que el cambio climático es una amenaza real. Más de la mitad de la población navarra (56%) confirma conocer o haber oído hablar de la existencia de la Agenda 2030.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha trasladado este jueves a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el compromiso del Ejecutivo Central para redactar el proyecto que permitirá eliminar el conocido bucle ferroviario de Pamplona/Iruña. Este avance se enmarca en el desarrollo de infraestructuras estratégicas para la Comunidad Foral.

En el encuentro celebrado en Madrid, también participaron el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el presidente de ADIF, Luis Pedro Marco. La reunión sirvió para confirmar «el compromiso y la implicación del Gobierno Central con el desarrollo de infraestructuras claves y estratégicas para la Comunidad Foral, así como la continuidad de las inversiones en el territorio foral», destacó la presidenta de Navarra.

El futuro corredor de Alta Velocidad en Pamplona

En marzo de 2023, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inició la tramitación de los estudios informativos de la red ferroviaria de la Comarca de Pamplona, que incluye la nueva estación de Pamplona. El futuro corredor de Alta Velocidad de la Comarca contempla la eliminación del bucle ferroviario que atraviesa la ciudad, con un coste de 490 millones de euros.

El compromiso para la redacción del proyecto de eliminación del bucle ferroviario se suma a la licitación, en octubre, de la redacción del proyecto entre Campanas y la nueva estación de Pamplona, por un valor superior a los 7,5 millones de euros. Esta iniciativa busca mejorar la infraestructura ferroviaria y optimizar el transporte en la región.

Objetivos de la nueva red ferroviaria de Pamplona

La nueva red ferroviaria de Pamplona, que incluye la nueva estación, tiene un triple objetivo: desarrollar el tramo de la línea de Alta Velocidad Campanas-Zuasti, dentro del corredor Zaragoza-Pamplona-Y vasca; garantizar las conexiones en ancho estándar y ancho ibérico a los centros de producción de tráfico de mercancías en el entorno de Pamplona (terminal de Noáin y polígono de Lanbaden); y, por último, configurar la nueva red ferroviaria en la Comarca de Pamplona, formando un corredor único de la línea de Alta Velocidad y la línea convencional, así como la nueva estación de Etxabakoitz, lo que permitirá eliminar el bucle ferroviario.

Durante la reunión entre el Ejecutivo Central y el Gobierno navarro, se abordaron cuestiones como el desarrollo de los dos tramos navarros de la A-15, tras la reciente aprobación del proyecto constructivo entre Cintruénigo y la conexión con la A-15, así como la transferencia de competencias sobre la AP-68. Estos temas son de gran relevancia para la mejora de la movilidad en la región.

Visita del ministro Puente a Navarra

El ministro Puente se comprometió durante el encuentro a realizar una pronta visita a Navarra para explicar las inversiones del Ejecutivo en la Comunidad Foral. Esta visita permitirá a las autoridades locales conocer de cerca los planes y proyectos que se están llevando a cabo para mejorar la infraestructura y movilidad en la región.

La reunión entre la presidenta Chivite y el ministro Puente refuerza la colaboración entre el Gobierno Central y el Gobierno de Navarra en el desarrollo de infraestructuras clave. El compromiso del Ejecutivo Central para eliminar el bucle ferroviario de Pamplona es un paso importante en la modernización del transporte en la región.

El Salón de Plenos del Parlamento de Navarra ha sido hoy escenario de uno de los actos más emotivos del Día de Navarra 2025: la entrega de la Medalla del Parlamento de Navarra al pueblo palestino. Un reconocimiento que han recogido el embajador del Estado Palestino en España, Husni Abdelwahed, y Ola Arafat, presidenta de la Asociación Salam Gaza Nafarroa, en nombre de quienes han alzado la voz en la Comunidad Foral contra “la barbarie cometida contra Palestina”.

El presidente del Parlamento, Unai Hualde, abrió la ceremonia subrayando la magnitud del movimiento social e institucional que ha florecido en Navarra para denunciar la violencia ejercida sobre la población palestina y exigir el fin de la ofensiva israelí. “Es imposible representarlo en un solo colectivo o persona”, afirmó, recordando las numerosas iniciativas aprobadas en la Cámara reclamando justicia, paz y el cese del genocidio.

Hualde agradeció especialmente el trabajo de Salam Gaza Nafarroa, “en primera línea” canalizando ayuda humanitaria —especialmente agua potable—, y advirtió del riesgo de que la tragedia palestina desaparezca de la agenda internacional: “No podemos olvidar a las miles de personas que viven en un territorio arrasado y cercado. Navarra no ha sido ni será indiferente ante el genocidio”.

Tras la lectura del Acuerdo de la Mesa, Abdelwahed y Arafat recibieron las Medallas, en un Salón de Plenos lleno de representantes institucionales, cargos públicos, sindicatos y colectivos sociales.

El embajador palestino, visiblemente emocionado, agradeció a Navarra su “liderazgo y humanidad”, extendiendo el reconocimiento a toda España. Hizo un llamamiento a continuar movilizados “no por Palestina ni contra Israel, sino por humanidad”, y destacó que “los pueblos siempre están en el lado correcto de la historia”.

“Podrán destruirnos o aplastarnos, pero no podrán quitarnos la voluntad de resistir”, declaró, en uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia.

Ola Arafat:“No debemos callar ni permanecer inactivos ante el hambre, las torturas o los bombardeos. La humanidad no tiene fronteras”.

Por su parte, Ola Arafat recogió la distinción “con gratitud y emoción”, dedicándola a quienes sostienen la ayuda en Gaza y a las familias voluntarias de Navarra. Reivindicó la necesidad de no normalizar el sufrimiento: “No debemos callar ni permanecer inactivos ante el hambre, las torturas o los bombardeos. La humanidad no tiene fronteras”. También recordó el significado de SALAM: “paz real, justa y duradera”.

El acto contó con la Banda de Trompetas y Timbales del Gobierno de Navarra y el Coro de Cámara Spem in alium, que aportaron un tono solemne a una ceremonia marcada por los gestos de cariño y las palabras de reconocimiento.

Entre los asistentes se encontraban altos cargos del Gobierno foral, representantes parlamentarios (a excepción del Grupo Mixto), alcaldes y alcaldesas, sindicatos y colectivos sociales.

La Medalla del Parlamento de Navarra, instituida en 1988, ha reconocido a lo largo de su historia a figuras e instituciones destacadas como la Euskaltzaindia, C.A. Osasuna, las federaciones deportivas, o el Consejo Navarro del Voluntariado. Este año, su brillo estuvo dedicado a un pueblo que lucha por sobrevivir.

La jornada concluyó con un encuentro entre el embajador palestino y cargos institucionales, seguido de la firma en el Libro de Honor del Parlamento, poniendo el broche final a un acto donde Navarra dejó claro que su solidaridad no entiende de distancias.

El Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado las obras de construcción del conocido como tramo entre túneles en la duplicación de Belate y Almandoz en la carretera N-121-A. La actuación ha sido adjudicada a las empresas Construcciones Mariezcurrena S.L, COMSA SAU y Nortúnel SL por un importe de 15,9 millones de euros, IVA incluido, que se prevé iniciar antes de que acabe este año y en un plazo de ejecución de 20 meses.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha destacado que “este año 2025 está siendo el del fuerte impulso a los grandes proyectos estratégicos de la Comunidad Foral de Navarra”. La adjudicación para el inicio de las obras que unirán los túneles de Belate y Almandoz “es una noticia muy positiva, y refleja el compromiso de continuidad que asume el Departamento de Cohesión Territorial por el desarrollo de las infraestructuras clave de Navarra”. 

El desdoblamiento de la N-121-A, ha considerado el consejero, “es un plan ambicioso al que le damos continuidad por convicción. Es una de nuestras prioridades porque la seguridad vial de quienes circulan por la red de carreteras de Navarra es innegociable”. En el túnel de Belate ya se han superado los 1,8 kilómetros excavados y se trabaja las 24 horas de los siete días de la semana.

En los últimos seis años se han invertido en esta infraestructura más de 46 millones de euros que han permitido la construcción de cerca de 30 kilómetros. “Trabajamos por una Navarra más cohesionada, moderna y competitiva y eso sólo se logra con una Comunidad Foral mejor conectada”, ha concluido el consejero Chivite.

Las obras
A principios de este mes, el Departamento de Cohesión Territorial, ha contratado la dirección de obra del tramo entre los nuevos túneles de Belate y Almandoz por un valor de 840.000 euros. Las obras que se van a acometer contemplan la construcción de un viaducto cuya estructura consta de seis vanos y 210 metros de longitud.

Las obras consistirán en el desdoblamiento de la calzada existente entre los puntos kilométricos 31+360 al 32+920 en la N-121-A Pamplona-Behobia. Se propone el desmonte por la margen derecha de la actual calzada de forma que se dote de explanada suficiente para la ejecución de dos calzadas separadas por una mediana. La nueva calzada ampliada se situará en la margen derecha de la actual, en la parte del desmonte, quedando la traza actualmente en uso para la circulación en sentido Pamplona.

El viaducto se ubica en las proximidades del futuro túnel de Almandoz, cuya boca sur quedará emplazada a la derecha de las existentes, circulando en sentido norte. Tanto en la confluencia de las bocas del túnel de Belate (norte), como de Almandoz (sur) las calzadas se separan para embocar con dichos túneles. El resto del tramo comparten la explanación y discurren anexas entre ellas.
A lo largo del tramo se recoge la ejecución de muros de contención de escollera, así como medidas de refuerzo para la estabilidad de los taludes de desmonte y de protección frente a posibles desprendimientos, así como la reposición de los caminos de acceso al Barrio de Mendiola, y de la señalización horizontal, vertical, cartelería y balizamiento afectados.
 

Recreación del viaducto. 

Recreación de la boca norte. 

Zona de la intervención. 

El Gobierno de Navarra prevé abrir a comienzos de 2026, “esperamos que en el mes de febrero”, un nuevo recurso asistencial destinado a menores víctimas de violencia sexual. Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, durante el pleno de control del Parlamento foral en respuesta a una interpelación del grupo Geroa Bai.

Taberna ha reconocido la gravedad del problema y la urgencia de actuar ante una realidad “que no se puede negar”. Entre enero y septiembre de este año se han registrado 223 delitos por violencia sexual en Navarra, y el pasado año las denuncias ascendieron a 369. “Hay una parte de la sociedad navarra que está enferma de machismo”, ha afirmado el vicepresidente, quien ha advertido también contra el negacionismo y la confusión entre distintos tipos de violencia.

El Gobierno foral trabaja actualmente en cuatro ejes —atención integral, sensibilización y prevención, coordinación y formación—, con medidas como la puesta en marcha del Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales, que desde su apertura hace año y medio ha atendido a 457 mujeres. Además, en el ámbito sanitario se ha implantado un sistema de detección temprana que ha identificado en 2024 a 1.188 mujeres con algún tipo de violencia, de las cuales un 8% fueron de carácter sexual.

Taberna también ha destacado el refuerzo del grupo especializado en violencia contra la mujer de la Policía Foral en Estella, y ha avanzado que el Gobierno trabaja ya en un nuevo acuerdo interinstitucional, el cuarto desde que se puso en marcha este marco de colaboración. “Esperamos poder renovarlo el próximo año, y aprobar a comienzos de 2026 el segundo plan de acción contra la violencia hacia las mujeres”, ha señalado.

Durante el debate, los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de mantener la unidad frente a la violencia machista, aunque han expresado matices y críticas.

Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha advertido de que “persisten brechas en la prevención, en la atención integral y en la reducción de las violencias”, si bien ha reconocido que Navarra “sigue siendo pionera” en esta materia.

Por parte de UPN, Isabel Olave ha alertado de que las agresiones sexuales “se han disparado un 48%” y que Navarra “encabeza la tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres”, con más de 1.900 casos activos en el sistema Viogén.

La socialista Arantza Biurrun (PSN) ha defendido la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha advertido del riesgo que suponen “las corrientes reaccionarias que intentan arrasar los derechos conquistados por las mujeres”.

Desde EH Bildu, Oihana Gallo ha reclamado que la renovación del acuerdo interinstitucional incluya cuestiones como la violencia vicaria y la ejercida mediante nuevas tecnologías, además de avanzar en la reparación a las víctimas.

La portavoz del PPN, Maribel García Malo, ha recordado que “en Navarra hay 1.941 casos activos en Viogén, 48 de alto riesgo”, y ha reclamado atención especial para las mujeres supervivientes de trata y prostitución.

Por su parte, Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) ha apelado a “reforzar el consenso” como herramienta esencial para erradicar la violencia machista, mientras que Emilio Jiménez (Grupo Mixto) ha acusado al Gobierno de “quedarse en la propaganda” y ha reclamado “protección real, sin ideologías”.

Taberna ha cerrado su intervención recordando que la mayoría de las agresiones sexuales “se producen en el entorno más cercano” y ha insistido en desterrar la imagen del asalto nocturno por parte de un desconocido. “Lo importante es actuar sobre la raíz del problema: el machismo que todavía impregna nuestra sociedad”, ha concluido.